Cerca de finalizar la segunda semana de negociaciones en la COP25, Bolivia sorprendió a todos con la presencia de la Ministra provisional de Ambiente y Agua, María Elva Pinkert de Paz, quien anticipó en una conferencia de prensa que piensa reactivar el proyecto de mercado de carbono que en 2005 había sido “paralizado” por el gobierno de Evo Morales.
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Desde 2008, el gobierno de Bolivia ha sido firme en su oposición a los mercados de carbono por considerar que “mercantilizaba” los servicios ecosistémicos y a la Pachamama. Pero esta posición parece haber cambiado con el gobierno provisional de Jeanine Áñez, quien ha designado nuevas autoridades para las carteras de ambiente y que aún no define la fecha de las próximas elecciones, solo indicando que se darán en los próximos cinco meses.
A partir de 2008, Bolivia ha sido el único que ha creado una alternativa al mecanismo REDD+ contra la deforestación, llamado el “Mecanismo conjunto de Mitigación y Adaptación para la gestión integral de los bosques”, pero que se cuestiona que nunca consiguió fondos para su implementación.
La ministra interina ha confirmado que el próximo lunes iniciará una mesa de trabajo para retomar el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff elaborado junto a la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN Bolivia), que busca crear un mercado de carbono abierto a negociaciones internacionales. Al respecto, Natalia Calderon Angeleri, directora ejecutiva de la organización, explicó que se trata de un proyecto de
“1997 que logró la certificación en 2005 para más de 1 millón de toneladas de CO2 evitadas entre los años 1995 y 2005. Pero que en el año 2008, la posición de Bolivia sobre los mercados de carbono cambió y se rechazó el mecanismo REDD+ y la venta de créditos de carbono, anulando el crecimiento de este proyecto que nunca logró” comercializar créditos de carbono.”
Créditos: Cordon Press.
Este anuncio ha movilizado a todos dentro de la conferencia, ya que las tradicionales posiciones contrarias al Artículo 6 sobre mercado de carbono, lideradas por Bolivia y Venezuela, ahora están debilitadas. La salida de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en noviembre pasado, ha dejado a Venezuela y a Cuba como los únicos en llevar adelante una posición contraria a estos mecanismos.
Las negociaciones vienen demoradas, con especulaciones de que se extenderá al fin de semana. Latinoamérica busca que se incluyan consideraciones sobre los Derechos Humanos en el texto del Artículo 6.
“La importancia de incluir los Derechos Humanos se debe a que muchos proyectos energéticos durante el Protocolo de Kioto, por ejemplo, las hidroeléctricas, tuvieron controversias por el desplazamiento de comunidades, falta de consulta previa e informada y violaciones a los Derechos Humanos. Se busca que esto no se repita en el nuevo mecanismo del artículo 6”, indicó Andrea Meza, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.