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En noviembre se publicó el reglamento de la Ley de Generación Distribuida en Argentina que permitirá a los usuarios del sistema eléctrico generar energía renovable para autoabastecerse y vender el excedente a la red eléctrica. Chile tiene una ley similar que se aplica desde el año 2014 y las lecciones aprendidas en este país pueden ser de gran utilidad para los próximos pasos que se tomarán en la Argentina.

La Ley 27.424 de Generación Distribuida reglamentada a fines del año pasado es un hito para la Argentina porque impulsa un cambio de paradigma en la generación energética. Por primera vez, esta ley habilita a los usuarios pequeños y residenciales a autoabastecerse de energía que se obtenga de fuentes renovables, como paneles solares, turbinas eólicas, biomasa o biogás, y además vender el excedente, si lo hubiera, a la red eléctrica.  

 

Se da nacimiento a los “Prosumidores energéticos”, un concepto adaptado del universo de las tecnologías de la información (TIC) donde Internet ha transformado el consumo unidireccional de los medios tradicionales en un híbrido entre consumidores y productores de contenidos. Cuando se trata de energía, la combinación del avance tecnológico y las regulaciones, se traduce en un gran cambio: la descentralización, es decir, la transformación de “la calle de un sólo sentido” de la energía, en una carretera de múltiples sentidos y múltiples carriles.

“La Ley es estratégica porque permite generar energía cerca de los centros de consumo para evitar las perdidas en la distribución e involucrar a la sociedad en el proceso de generación eléctrica. Por eso es tan importante este cambio, porque permite convertir a los usuarios o consumidores en actores activos del mercado energético.”, resalta el presidente de la Cámara Argentina de Energía Renovable (CADER), Marcelo Álvarez.

La ley tendrá un impacto socio-ambiental positivo porque fomentará las energías limpias y aportará a las economías regionales reduciendo la salida de divisas por la compra de combustibles fósiles al exterior. Asimismo, permitirá a los pequeños productores de energía  abastecer zonas aisladas del país, y así diversificar y hacer más segura la matriz energética de la Argentina. “Hoy en día las pymes no tienen la capacidad de inversión ni el acceso a financiamiento que se necesita para aprovechar la legislación de 2015 que fomenta las energías renovables. Pero esta nueva ley de 2018 tiene un gran potencial no sólo para aumentar la potencia eléctrica renovable instalada sino para desarrollar incentivos que estimulen la adopción de energía distribuida”, agrega Álvarez.

Son muchas las posibilidades que habilita la nueva ley pero aún falta ver cómo será su implementación. Sobre todo cuando hay varias regulaciones que han quedado a medio camino, por ejemplo la Ley de Bosques que está congelada por la falta de fondos. O la misma Ley 27.191 de fomento de fuentes renovables que prometía alcanzar en 2018 un 8% del consumo energético de estas fuentes y aún se mantiene cerca del 3%.

Para anticipar lo que se puede esperar para los próximos años en generación distribuida en la Argentina, un buen ejercicio es analizar los aprendizajes alcanzados del otro lado de la cordillera. En Chile, desde 2014 se implementa la Ley 20.571 que permite a los clientes regulados, conformados por hogares y pequeños comercio e industrias, comercializar las inyecciones de energía de sus generadores residenciales. Para la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), la aplicación de la ley no se dio sin contratiempos y demoras. “Al principio no fue fácil, se instalaron pocos sistemas y no se veía mucho éxito en su aplicación. Una de las razones era la falta de información. Muy pocas personas entendían los beneficios económicos de la ley y se desconfiaba de que realmente se pudiera vender electricidad a las distribuidoras. Es un asunto con muchos tecnicismos y la comunicación es clave para que se entiendan las ventajas económicas de la generación distribuida”, indica Gabriel Neumeyer, presidente de la entidad.

Asimismo, la burocracia gubernamental jugó en contra de la multiplicación de “prosumidores energéticos”.  El proceso de aprobación involucraba varios pasos y un “pinponeo” dificultoso entre la empresa distribuidora y la autoridad regulatoria. “La aprobación podría tardar de un año a un año y medio, esto frustraba y desincentivaba a los usuarios. Hubo demoras hasta en la designación de los responsables del tema dentro de las distribuidoras. Todo esto sucedió en los tres años primeros años de implementación de la ley. En Argentina se podría aprovechar la experiencia chilena para que desde un inicio esa tramitación sea lo más simple y clara posible y que exista una capacitación adecuada para todos los actores involucrados”, añade Neumeyer.

El sistema chileno ha mejorado en el último año a partir de la digitalización de los trámites a través de una plataforma web (www.sec.cl) que, además, se esfuerza en comunicar las especificaciones técnicas en lenguajes simples, audiovisuales y accesibles. Asimismo, el proceso de aprobación del sistema residencial ha reducido sus tiempos y hoy demora entre dos semanas y dos meses aproximadamente. Los trámites se han hecho más sencillos para equipos y productores pequeños con el objetivo de agilizar las aprobaciones.  Al día de hoy, Acesol registra 4500 sistemas funcionando bajo la ley chilena.

La ley de generación distribuida en la Argentina es más parecida de lo que se cree a la ley chilena y algunos hasta dicen que las autoridades de nuestro país se inspiraron en la norma vecina desde un principio. Sucede que ambas legislaciones corresponden a uno de tres modelos posibles de generación distribuida, denominado “Net Billing” o de facturación neta. Este modelo contempla inyectar la electricidad que no se consume a la red y venderla a un precio inferior del que se compra a la empresa distribuidora. La justificación de este precio menor se indica por los costos e inversiones en infraestructura. Es decir, que en el valor de la energía consumida por el cliente se adiciona el costo asociado a la red de distribución, la cual es necesaria para que se materialice dicho consumo. Esta inversión la hace la distribuidora de energía, en el caso de Santiago de Chile es la empresa Enel, y en la Argentina se trata de Edesur y Edenor. Como resultado, en Chile se paga el excedente de generación eléctrica un 65% del costo del kWh aproximadamente, y en la Argentina a un 50% del kWh.

 

Los otros dos modelos de generación distribuida proponen incentivos a través del precio de la energía. El primer modelo de Net Metering, o Medición neta de electricidad,  contempla pagar el mismo precio por el kilowatt consumido y vendido. El segundo es el modelo “Feed-in tariff” o tarifa de incentivo que subsidia el precio de la energía renovable a través de una tarifa diferencial para hacerla más competitiva ante los combustibles fósiles.

 

El modelo implementado  por la Argentina y Chile es menos competitivo que los otros dos y presenta dificultades para generar incentivos a las energías limpias, opina Marcelo Álvarez de Cader. “Cuando el usuario analiza cuántos paneles va a instalar en su techo sólo piensa en reducir su consumo y usará solo una fracción de la superficie disponible. Si se pagara un precio diferencial por la energía limpia, el usuario lo vería como una buena inversión. Más allá de los `early adopters`, como los militantes de la causa ambiental, todos querrán invertir en renovables porque verán el valor económico de esta ley para bajar sus consumos de luz y generar ingresos”.

Para remediar esto, desde ambos países presionan para generar incentivos estatales que compensen el bajo precio pagado. En Chile, la mitad de los equipos de generación on-grid, o conectados a la red, corresponden a programas gubernamentales de apoyo al crédito, dirigidos a viviendas sociales y de emergencia. Hasta los edificios estatales están migrando a la generación distribuida como medida de promoción.

 

Además, existen los créditos para pymes de Banco de Estado que financian el 80% de la compra de equipos con un plazo de hasta 12 años y una tasa en pesos chilenos del 7%. Una tasa competitiva si se considera que la tasa hipotecaria es del 5%. El mismo banco está preparando créditos para generadores residenciales que espera lanzar este año.

Estos incentivos han generado la multiplicación de proyectos privados residenciales en Chile que buscan desde amortizar los gastos de los edificios, como el impacto del consumo eléctrico de los espacios comunes, hasta tener conectadas todas las viviendas para generar excedente en horas no habitadas. Un ejemplo es el Edificio Ecovista en la Serena, al norte de las costas chilenas,  el primero en su tipo en estar completamente conectado al sistema on-grid de venta de excedente. Cada departamento tiene cinco paneles fotovoltaicos en el techo, conectados a la red eléctrica, que les brindan energía para autoconsumo y les permiten vender los excedentes a la distribuidora eléctrica. En funcionamiento desde hace un año, se estima que el ahorro por cada propietario alcance entre un 40% y 60% del total de la cuenta de luz.

 

“En nuestro edificio Ecovista comprobamos los supuestos, es decir que el ahorro aproximado por vivienda iba a ser del orden de 25 mil pesos (40 dólares mensuales), si se considera un valor nominal de la energía de 120 pesos (chilenos). Un ahorro importante, que se proyecta puede crecer con los años, ya que el costo de la energía seguirá subiendo y el kWh podría llegar a los 200 pesos. En estas condiciones, calculan que la amortización de los equipos demoraría entre seis y ocho años”, indica Andrés Eing, socio de la inmobiliaria Ecovista.

Agrega que, además, las instalaciones han permitido vender un 60% de la energía en los últimos meses ya que los picos de generación ocurren en los horarios que los residentes salen a trabajar. “Además de los valores relacionados con la sustentabilidad, los residentes están entendiendo que hay un retorno económico de invertir en la autogeneración con fuentes limpias”.

Si bien la ley fomenta todo tipo de fuentes de energía renovable, los paneles fotovoltaicos han tenido mayor popularidad por sus bajos precios y poco mantenimiento. Un sistema residencial en Chile cuesta 2 dólares por watt instalado y se espera que una residencia promedio deba invertir desde 2000 dólares para un equipo que le permita el autoconsumo eléctrico. “Es una inversión de bajo riesgo porque los paneles requieren muy poco mantenimiento, sólo una revisión anual y una limpieza periódica de paneles  que es como limpiar un vidrio”, indicó Eing. “Asimismo, mientras más grande es el proyecto más rentable se vuelve. Por ejemplo, un comercio invierte menos por panel instalado cuando lo hace con una escala mayor que una residencia. Y además tendría aproximadamente un retorno de la inversión en 5 años. Con una vida útil de los equipos de 25 años, es una buena inversión. Además, le permite controlar el precio de la luz a mediano y largo plazo, cosa que con las distribuidoras no se podrá nunca”.

Los especialistas de ambos lados de la cordillera coinciden en que los subsidios e incentivos serán claves para que la ley termine de ayudar a florecer las energías renovables. La ley argentina reglamentada en noviembre contempla la reducción de impuestos como el IVA y ganancia para los generadores, residenciales o pymes pequeñas, cuando inyecten energía, y créditos para pymes y comercios. Pero desde CAER se muestran pesimistas acerca de que estas resoluciones se activen en un año electoral y ante las presiones de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

 

A pesar de la falta de incentivos, hoy la ley permite conectarse y vender electricidad a la red. Ya está abierto el registro para los que estén interesados en iniciar con la generación para el autoconsumo.  El aprendizaje chileno permite ver que son reales las oportunidades para aquellos que busquen reducir el impacto del aumento de las tarifas de la luz, y para esos otros que ven oportunidades de negocio a través de la generación de energía limpia.

Maria Julia Arana

About Maria Julia Arana

María Julia Arana is an independent journalist specialized in environment, sustainability and climate change. She is press manager at ComunicaRSE, the first Hispanic online media specialized in Sustainable Development. She is also a freelance journalist who writes articles about climate change on media such as Clarín (Argentina) and La Razón (Bolivia).