was successfully added to your cart.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, los mismos estadounidenses así como la comunidad internacional han estado preocupados en cómo Estados Unidos se va a estar involucrando en la lucha contra el cambio climático.

En junio pasado, Trump anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París (Acuerdo), el cual busca que todos los países disminuyan sus gases de efecto invernadero para controlar el aumento de temperaturas globales. Hablar del Acuerdo, implica que también tenemos que incluir lo que es el financiamiento climático internacional.

El financiamiento climático se refiere a la ayuda monetaria por parte de países desarrollados a países en vías de desarrollo, para que estos últimos puedan establecer programas de mitigación o adaptación al cambio climático. Con estas ayudas, países no industrializados pueden tener programas de transición energética, mientras que otros pueden transformar áreas que son altamente vulnerables a los cambios climáticos.

El financiamiento climático promueve el concepto de “responsabilidades comunes, pero diferentes”. Es decir, que a pesar que todos los países son responsables para resolver el cambio climático, la manera en cómo lo resuelven es diferente. Esto se debe a que los países no industrializados tienen menos capacidades económicas para luchar contra el cambio climático en comparación con los países desarrollados.

Actualmente existen 5 grandes fondos internacionales para el financiamiento de proyectos para combatir el cambio climático: Fondo Verde para el Clima, Fondo para Países Menos Adelantados, el Fondo Especial para el Cambio Climático, Fondos de Inversión en el Clima y por último el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Cada uno de estos fondos tienen procesos y una reglamentación específica de cómo los países elegibles pueden solicitar fondos para sus programas. Los programas pueden ser de reducción de gases de efecto invernadero o programas para aumentar la resiliencia de comunidades ante el cambio climático.

Por ejemplo, la isla-nación de Samoa creó una propuesta para financiar un proyecto de resiliencia climática enfocado en el manejo de inundaciones. Cuando hablamos de resiliencia climática, nos referimos a que debemos tener en cuenta la capacidad o falta de capacidad de un sistema para superar los retos del cambio climático. Con este fin, el Fondo Verde para el Clima aprobó una financiación de $65.7 millones para sufragar los gastos del mencionado proyecto, de los cuales $8 millones serían co-financiados por el gobierno de Samoa, mientras que los otros $57.7 millones serían coo financiados por el Fondo Verde para el Clima.

Aunque se pueda ver como una cantidad altísima, la realidad es que en Samoa por cada evento de huracán, la cifra para reparar daños asciende a unos $200 millones de dólares. Esto es por daños a estructuras que ya existen en el área como hospitales, casas y escuelas.

Por lo tanto, los beneficios a largo plazo no solamente lo disfrutarán las comunidades afectadas, sino que también el gobierno de Samoa podrá utilizar los recaudos de las contribuciones en otras necesidades, al no tener que desembolsar grandes cantidades de dinero para resolver el problema recurrente de las inundaciones por sistemas ciclónicos.

Climate Finance is important

Esto demuestra la importancia que tiene la financiación climática, la cual es vital para muchas comunidades que no tienen los recursos económicos y necesitan con urgencia nuevas estructuras para superar las consecuencias del cambio climático.

La pregunta siguiente sería, si estos fondos climáticos internacionales son tan excepcionales e importantes para resolver las situaciones que trae el cambio climático, ¿Puerto Rico se pudiera beneficiar de ellos?. Dada a la relación política y económica que Puerto Rico tiene con Estados Unidos, Puerto Rico no puede solicitar a estos fondos. Sin embargo Puerto Rico sí puede solicitar fondos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, como lo es el Departamento de Energía o crear sus propios fondos.

Para el 2010, Puerto Rico creó la Ley 83, llamada Ley de Incentivos para Energía Verde de Puerto Rico, la cual tiene como objetivo desarrollar proyectos energéticos a través de la utilización del Fondo de Energía Verde de Puerto Rico, creado bajo la misma Ley. El Fondo es suplido por diferentes “impuestos, incentivos estatales y federales, donaciones de entes privados no gubernamentales (pero relacionados a la producción de energía renovable sostenible y renovable alterna) y multas” y manejada por la Oficina de Política Pública Energética. Cuando se creó el Fondo, el Gobierno de Puerto Rico tenía la meta de proveer $185 millones para desarrollar proyectos de energía verde.

Estos fondos pueden ser utilizados a nivel residencial, industrial y comercial. Como parte de los beneficios están las exenciones contributivas y/o el financiamiento de proyectos relacionados a energía renovable. La Ley 83 también ofrece incentivos para proyectos relacionados a conservación y eficiencia energética, y puede “otorgar incentivos, contratos, préstamos, instrumentos de inversión, créditos de producción de energía, proveer ayuda financiera”.

Este tipo de fondos verdes también pueden ser utilizados por los municipios. Por ejemplo, para el 2009, el Municipio Autónomo de Caguas aprovechó unos fondos provenientes del Departamento de Energía. Estos fondos verdes se utilizaron, por ejemplo en el área de Villa Turabo en la cual se creó un proyecto de iluminación en las calles utilizando placas solares. Además, se utilizaron para remodelar un edificio abandonado y lo convirtieron en el edificio eficiente del Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe. Estos proyectos y otros esfuerzos han llevado a Caguas a que para el año fiscal 2015-2016 hayan ahorrado sobre 2.7 millones de libras de CO2, lo que equivale a un ahorro de energía de 7%.

La otorgación de fondos ya sean internacionales o nacionales es una que tiende a ser controversial ya que ciertos sectores entienden que la financiación climática debe ser una de responsabilidad individual o que debe ser suplida por fondos domésticos mas no internacionales. La administración de Trump es una que está dentro de los sectores que abogan por la eliminación completa o disminución de la otorgación de estos fondos. Todavía nos queda esperar la decisión final de Trump en si Estados Unidos retira completamente los fondos o los disminuye.

El tener estos fondos verdes ya sea para programas de mitigación o adaptación ayuda a que países no industrializados tengan las herramientas para luchar contra el cambio climático. Esto es en especial a islas-naciones que no tienen los suficientes recursos económicos y que son los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático.

La utilización de los fondos climáticos no solo asegura la disminución de gases de efecto invernadero o la supervivencia de comunidades vulnerables, sino que también asegura que las futuras generaciones estén mejor preparadas. Necesitamos evaluar nuestras necesidades y crear prioridades para tener una mejor inversión en proyectos sustentables y lograr mejores resultados.

Originalmente publicado – Claridad Puerto Rico 

Amy Orta Rivera

About Amy Orta Rivera

Amy Orta-Rivera holds a bachelor's degree in Environmental Geography from the University of Puerto Rico-Rio Piedras and a Master's degree in Environmental Law and Policy from Vermont Law School. She has 10 years of experience in environmental and climate activism, nationally and internationally. Recently, she finished an internship at El Puente-Latino Climate Action Network, where she focused on energy policies in Puerto Rico. At this moment, she is an AmeriCorps Vista at the Corporation for the Conservation of the San Juan Bay Estuary, where she is in charged to evaluate environmental programs within the organization.