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Mientras que el Gobierno Nacional argentino observa de costado y solo da muestra de responder a intereses mineros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares.

Parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca en su arribo a Buenos Aires luego de pedalear 1400 km desde San Juan. Créditos: Martín Vainstein

Finalmente ayer, 4 de Junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina falló a favor de la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. La decisión fue unánime y frenó el pedido realizado por la minera Barrick Gold, compañía de origen canadiense y que opera en el país desde 1993 y cuestionada a nivel mundial, así como también por Minera Argentina Gold.

LEY DE GLACIARES

Los detalles más importantes sobre la de la Ley de Glaciares ya han sido resumidos en este excelente artículo por Juan Parrilla y en esta entrevista con Enrique Viale.

Sin embargo, cabe señalar algunos de los factores que contribuyen al problema actual con esta ley:

  1. Minas como la de Veladero, que gestionan al 50% la canadiense Barrick Gold y la corporación estatal china Shandong Gold, están ubicadas en glaciares. Actualmente hay otros 44 proyectos similares en curso en Argentina que violan la Ley de Glaciares.
  2. En base al marco legal establecido en la década de 1990 y que ampara las decisiones gubernamentales tomadas durante los periodos kirchnerista y macrista, las minas no contribuyen a la economía del país. Por el contrario, reciben subsidios del Estado.
  3. La creación de puestos de trabajo en la minería es en realidad escasa y no puede ser vista en modo alguno como compensación por el sacrificio de las zonas en las que opera.

La Ley de Glaciares es uno de los logros más destacados en materia medioambiental del país. Es una de las medidas de protección más importantes, ya que restringe las prácticas depredadoras de corporaciones extranjeras, cuyo interés por el país no es otro que la extracción de sus recursos – a costa de convencer a los gobernantes para que accedan a menoscabar su soberanía.

Al día de hoy, siete provincias argentinas ya han aprobado leyes medioambientales que limitan, o incluso prohíben, la minería a gran escala.

Uno de los casos más importantes de resistencia y pilar para lograr el fallo de la Corte Suprema a favor de la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, es la organización Asamblea Jáchal No Se Toca. La Asamblea, creada por la comunidad de Jáchal en la provincia de San Juan, es víctima de un catastrófico derrame por parte de Barrick Gold de más de 1 millón de litros de solución de cianuro en el río Jáchal y es quien llevó el asunto a los tribunales.

FALLO DE LA CORTE

El fallo de la Corte se encuentra muy lejos de ser insignificante. Frena tanto a la minera Barrick Gold, como a todas las corporaciones extractivas actuando en el país, realzando la existencia y constitucionalidad del Artículo 41 de la Constitución Nacional – que dispone el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano -, la Ley General del Ambiente y leyes de demarcamiento y protección territorial como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Asimismo, pone en jaque a 44 proyectos mineros que quedan en la incertidumbre ya que violan la ley. Desde las mineras, la pelea siguiente será por la “irretroactividad” de la ley.

Para declarar la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, el dictamen menciona que tanto Barrick Gold como el Gobierno de San Juan no han podido probar de manera significativa que la Ley de Glaciares les resulte un impedimento a su trabajo. Pero el fallo va mucho más allá, esgrime como argumento que la Ley de Glaciares va en línea con el consenso logrado en el Acuerdo de París en 2015 y ratificado por la Argentina en 2016.

Este es un gran paso hacia la justicia ambiental, considerando que poco después de la COP23 en Bonn, el Presidente Macri había confirmado su decisión de alterar la Ley de Glaciares. Cabe recordar que, en ese tiempo, la tendencia internacional marcaba el estrechamiento de las relaciones entre corporaciones extractivas y Gobiernos. Pero ya no más.

JUSTICIA AMBIENTAL Y JUSTICIA CLIMÁTICA

La propuesta neoliberal de tender puentes estrechos entre las industrias extractivas y los Gobiernos ya no va más. Alrededor del mundo, millones de personas han estado movilizándose pidiendo por soluciones climáticas. Juicios se han puesto en marcha contra las más grandes empresas extractivas como Exxon, Shell, Chevron, BP y Conoco Phillips. Incluso juicios contra los propios Gobiernos Nacionales, acusándolos de inacción climática y estar robando el futuro de las generaciones presentes y venideras.

El fallo de la Corte Suprema va en esta línea y se suma a las largas resistencias territoriales a lo largo y ancho del país, junto con la creciente marea de movilizaciones climáticas lideradas en una alianza entre jóvenes recién llegados al activismo ambiental y organizaciones de larga trayectoria.

En miras al futuro, debemos siempre recordar que la lógica del extractivismo, como la del colonialismo, se deriva de un problema social, político y cultural sistémico. Debemos reconocer los vínculos entre los recursos naturales, la salud, las estructuras jerárquicas, el racismo y la justicia económica y de género. Debemos trabajar por un mundo vivible, por todes para todes. Hasta no poder hacer eso no seremos capaces de construir sociedades verdaderamente libres y territorios soberanos.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Martín Vainstein

About Martín Vainstein

Martín Vainstein is an academic, community organiser, digital campaigner and communications specialist, who currently resides in hectic Buenos Aires, Argentina. He writes about climate and human rights for various media outlets. Martín enjoys drawing, reading and playing the ukulele.