El pasado 17 de mayo, en el debate titulado “Elections in Argentina: Putting Climate Change into the Agenda”, la Development Planning Unit (DPU) del University College London (UCL) cedió el espacio a la comunidad académica argentina en el Reino Unido para discutir con el público general de qué manera el cambio climático afecta a nuestro país hoy y cuáles son las posibles tendencias a esperarse en el futuro cercano. Además, se discutió sobre modelos de desarrollo y la posibilidad de que llegue a ser parte de uno de los puntos clave en la agenda de las elecciones presidenciales de este año. Se abordaron las temáticas de agricultura, biodiversidad, minería, urbanización y los nuevos movimientos de justicia climática que emergieron en la Argentina durante los últimos años. A continuación se presenta un breve resumen del evento, cuyo podcast completo en inglés se encuentra disponible aquí.
RUMBO DE LAS EMISIONES
Adriana Allen, profesora de posgrado en UCL y directora del equipo de investigación sobre Justicia Ambiental, Urbanización y Resiliencia (EJUR, por sus siglas en inglés), presentó al problema del cambio climático dentro de un marco en el cual la Argentina emite un 0.9% del total de los gases de efecto invernadero a nivel global, y en 2016 declaró su intención de ir por encima de los compromisos internacionales a través de una reducción drástica de los indicadores presentados en la NDC (Contribución Nacional Determinada, por sus siglas en inglés). En términos geopolíticos, este entusiasmo inicial post-acuerdo de París e ilusión de un liberalismo global teñido de verde bajo el liderazgo de Obama sufrió un giro drástico con la elección de Donald Trump como nuevo mandatario estadounidense, lo cual se vio reflejado en las últimas dos COP (Conferencia de las Partes del Convenio por el Cambio Climático de la ONU) y en la postura del G20 de respetar la decisión de EE.UU. de retirarse del acuerdo firmado por los demócratas a fines del 2015.
BIODIVERSIDAD
En relación al último reporte publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés) -donde se informó la alarmante cifra de que más de un millón de especies amenazadas actualmente se encuentran en peligro de extinción- Daniela Guarás, oficial de programas en el Centro mundial para el seguimiento de la conservación (UNEP-WCMC) explicó que este informe, el cual demoró tres años en elaborarse, refleja la urgencia de las acciones necesarias para evitar cambios que podrían ser irreversibles.
Además del lanzamiento de la evaluación global, el Plenario de IPBES en su séptima reunión adoptó el nuevo Programa de trabajo continuo de la Plataforma hasta 2030, que establece objetivos y temas prioritarios para el trabajo de IPBES en la próxima década. El programa de trabajo tiene como objetivo proporcionar las bases para la realización de las funciones de la Plataforma, en particular: evaluar el conocimiento; apoyar la construcción de capacidades; fortalecimiento de las bases del conocimiento; apoyo para la formulación y la implementación de políticas; fortalecer la comunicación y la participación; y mejorar la efectividad de la Plataforma.
Con respecto al objetivo de “evaluar el conocimiento”, el programa de trabajo identifica los siguientes tres temas prioritarios para las evaluaciones que serán producidas en los próximos años: evaluar los vínculos existentes entre biodiversidad, agua, alimentación y salud; comprender las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad y los factores determinantes del cambio transformador y las opciones para lograr la Visión para la Biodiversidad 2050; y medir el impacto empresarial y la dependencia de las contribuciones de la biodiversidad y la naturaleza a las personas.
AGRICULTURA
Por su parte, Mariana Rufino, profesora de sistemas de agricultura en la Universidad de Lancaster, se refirió a “Los Desafíos y Oportunidades presentados por la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el Sector Agropecuario Argentino”. En palabras de la académica, resulta necesario comprender que en el mercado internacional, la Argentina es muchas veces asociada con la producción de alimentos, lo cual implica una vulnerabilidad no menor cuando se suceden crisis internas en la economía argentina, pero también una dependencia ya que es sensible a los cambios que puedan producirse en el clima, a pesar de ocupar el puesto 19° en el ranking de emisores de carbono a nivel mundial.
Las exportaciones agrícolas representan un 54% de las exportaciones argentinas, frente a un 34% de Brasil. En relación a las Contribuciones Nacionales Determinadas de Carbono (NDC), Argentina se ha propuesto la ambiciosa intención de reducir de 570 Mt a 483 Mt (millones de toneladas) para 2030. Un 47% de las emisiones de gases de carbono (GHG) a nivel nacional provienen de la energía, pero el segundo segmento representando un 46% proviene de cambios en el uso del suelo y deforestación (21%) y agricultura (25%), respectivamente.
Rufino sostiene que hasta ahora ha sido muy difícil debatir agricultura y cambio climático, ya que la primera contribuye a un 7% del PBI y a un 7% de la fuerza laboral, y a más de la mitad de las exportaciones. Si bien la reapertura del mercado de EE.UU a la carne argentina fue presentada como un logro de la actual gestión de gobierno -ya que representa entre un 10 a 15% del total de la carne vacuna exportada- esto implica una mayor tendencia a la deforestación por los cambios en el uso del suelo para la ganadería, al mismo momento en que la Argentina intenta ser un ‘buen ciudadano global’ al tratar de cumplir con las metas de reforestación del programa REDD+ de la ONU, también como parte de las ambiciones propuestas para ingresar a la OCDE.
A la necesidad de proyectar políticas de adaptación al cambio climático hay que sumarle el impacto que tendrá en la región la expansión de la frontera agropecuaria en Bolivia y Paraguay, pero también Brasil, en la medida en que la deforestación en los países limítrofes impacta sobre el padrón de lluvias y la intensidad de las inundaciones por falta de absorción del suelo. En este sentido, la probabilidad de inversiones por parte de empresas multinacionales está asociada a la cantidad de tierra disponible para desmonte.
En conclusión, las NDC no superarán las 483 millones de toneladas CO2eq para el 2030 implementando medidas enfocadas en energía, agricultura, bosques, transportes, industrias y manejo de residuos. El país no resulta (todavía) atractivo para financiamiento climático, se mantienen importantes niveles de ganancia por parte de las exportaciones agrícolas y se espera un efecto derrame por las políticas aplicadas en Brasil, Bolivia y Paraguay.
BOOM DEL LITIO
Abordando la cuestión del boom del litio, Alejandro Milcíades Peña, docente de relaciones internacionales en la Universidad de York, presentó algunas observaciones preliminares de su investigación, señalando que la base de la transición hacia energía renovables está en buena medidad basada en el litio. Considerando que China cuenta con más de 20 millones de autos eléctricos, y dada la dificultad de extraer cobalto en las selvas del Congo, la carrera por el litio ya comenzó. Las principales reservas se encuentra debajo de las salinas presentes en Argentina, Chile y Bolivia, desatando una competencia regional, donde se cruzan las necesidades de incentivos para la obtención de divisas y la definición de prioridades en lo que respecta a la explotación de recursos considerados ‘estratégicos’.
Un neo-extractivismo que presenta al litio como una forma de ‘minería limpia’, justamente en regiones donde escasean los recursos hídricos, se vislumbra la economía política en la que intereses como los de Tesla y Toyota ya se encuentran buscando la aprobación de las comunidades indígenas, las cuales son muy heterogéneas, y no todas adhieren a la visión ecologista de la Pachamama, donde la ausencia del Estado nacional y provincial en términos de estudios de impacto ambiental habilitó una exportación de material crudo sin industrialización que permita elaborar baterías de forma local, a pesar de que la cantidad de proyectos pasó de 1 en 1997 a 46 en 2018. Concluyendo, Milcíades Peña sostiene que “el conocimiento es poder” y ese mantra se verá reflejado en la manera en que los gobiernos provinciales logren contener las protestas sociales ante las consecuencias ecosistémicas de estos emprendimientos sin que esto ponga en juego sus intereses electorales.
POLÍTICAS AMBIENTALES URBANAS Y JUSTICIA CLIMÁTICA
Finalmente, el autor de esta nota, en su rol de sociólogo y periodista, se refirió brevemente a las políticas ambientales urbanas y los nuevos movimientos de justicia climática en Argentina. La ciudad de Buenos Aires presenta tres principales desafíos ambientales que aún están pendientes de resolución, comenzando por el saneamiento de la cuenca del río Mantanza-Riachuelo, aunque los esfuerzos recientes de la ACUMAR y la implementación del Sistema Riachuelo parecen ir en la dirección adecuada para recuperar uno de los cursos de agua más contaminados del mundo.
En segundo lugar, es necesario abordar la brecha en planeamiento de políticas de adaptación al cambio climático en la región del Río de la Plata y la infraestructura de CABA a los recursos hídricos subterráneos sobre los cuales reside el 70% de los habitantes de la ciudad. Tercero, resulta imperativo revisar los planes de resiliencia adoptados por el Gobiernos de la Ciudad para reducir las contaminación del aire debido a la excesiva cantidad de vehículos circulando en la ciudad mientras que no se extiende la red de subterráneos, y a la vez incrementar la cantidad de espacios verdes.
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA: ANTES Y AHORA
En relación a la emergencia de nuevos movimientos sociales, la agrupación denominada Jóvenes por el Clima es la punta de lanza ante una realidad donde “la política ambiental es un chiste pero nadie se está riendo”. Esta agrupación, uno de los dos capítulos locales de Fridays For Future, ha insistido durante los últimos meses para que el Congreso Nacional declare una emergencia climática nacional, siendo uno de los principales vectores de la agenda ambiental en el país. En esta misma línea, esta semana el Senado Nacional declaró su “profunda preocupación ante la emergencia climática y ecológica global” y dió media sanción a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, este último proyecto presentado por el senador Fernando Solanas, y que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados.
Como nota final, Adriana Allen rememoró los debates dados en la década de 1970, entre ellos el aporte de la Fundación Bariloche a partir del informe Modelo Mundial Lationamericano (MML), destacando el elevado nivel de industrialización conseguido en esa región, en comparación con otras partes del sur global en esa época. La desindustrialización sufrida en nuestro país, sumado a la dificultad cíclica de abastecerse de divisas y una política ambiental excesivamente protocolar, hipoteca a los recursos naturales como medio para escapar de las restricciones externa y las deudas contraídas en el plano económico. Por su parte, Mariana Rufino resaltó la importancia del comportamiento de los consumidores y la presión que éstos puedan a ejercer sobre la adopción de prácticas sustentables por parte de las empresas.
En el debate entre panelistas y miembros de la audiencia hubo un consenso en que el futuro de la economía global, y por lo tanto del planeta, puede estar en mano de las nuevas generaciones cuya frustración y reacción frente a los riesgos de continuar con los negocios de la forma en que se vienen realizando hasta ahora, quizás puedan lograr que el timón gire hacia el lado de la sustentabilidad.
A menos de un mes de las primarias abiertas y obligatorias previas a las elecciones generales en Argentina del 27 de octubre, debemos recordar que el clima no conoce de Estados. Es hora de que los Estados conozcan y se preparen para afrontar el cambio y evitar la catástrofe climática que se avecina.