Desde la decisión de realizar la COP25 en Chile hasta el último momento, cuando se decidió mudar la conferencia a Madrid, el manejo de la Presidencia chilena ha dejado mucho que desear. En medio de un estallido social, con muchos muertos y miles de heridos, Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente y presidenta de la COP25, intenta lavar la imagen de Chile. ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué nos depara el futuro?
Susana Vera / Reuters
A mediados de octubre comenzaba a aumentar un estallido social que venía gestándose hace muchos años en Chile. La desigualdad legalizada en la constitución de Pinochet, la privatización de los recursos naturales y la educación terminaron rebalsando con el aumento de la tarifa del metro. Las manifestaciones continúan hasta el día de hoy, con 8466 personas detenidas, 2808 heridas y 25 muertes.
En este marco revolucionario debían darse primero la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, después la final de fútbol de la Copa Libertadores de América, y en diciembre la COP25.
El día 30 de octubre, de manera unilateral, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció por cadena nacional que la COP no se realizaría en Santiago. Días después, en medio de especulaciones varias, se confirmaría que la conferencia se realizaría en Madrid.
Desde la sociedad civil el reclamo no tardó en llegar por parte de más de 46 organizaciones: la COP se mudaba de sede para no exponer las violaciones a los derechos humanos en Chile, y que lamentablemente incrementaron con el pasar de los días. Asimismo, este cambio dejaba imposibilitadas a muchas organizaciones territoriales latinoamericanas de asistir a la conferencia, debido a los costos en los que ya habían incurrido y los elevados montos para cruzar el Atlántico, sumado a las visas necesarias para ingresar al viejo continente.
El primer punto es el que más hizo eco y el que sigue haciéndolo hasta hoy: la COP25 cambió de sede, bien lejos de Chile, para quitar el foco de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en territorio trasandino. Así también lo manifestaron el día de hoy comunidades originarias del Consejo de Pueblos Atacameños, quienes interrumpieron la delegación del pabellón de Chile en la COP25. En su intervención, manifestaron:
“Con todo respeto, creo que es una vergüenza que el Estado de Chile no venga acá a la COP25, un minuto al menos, a hablar de la situación que está ocurriendo en Chile donde lamentablemente los derechos humanos se están violando sistemáticamente, a la gente la están reprimiendo, hay más de 200 personas que han perdido la vista, gente que ha sido torturada, gente que hoy día está muriendo por haber ido a levantar la voz por el pueblo chileno.”
Conferencia de prensa de la Ministra Schmidt. Si no puedes verla en el sitio puedes acceder a ella aquí.
A pesar de esto, durante la conferencia de prensa otorgada hoy por Carolina Schmidt – Ministra de Ambiente chilena y Presidenta de la COP25- junto con Lorena Aguilar – viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica – y Patricia Espinosa – Presidenta de la CMNUCCC -, no hubo respuestas a estos reclamos, incluso cuando la primera fue interrogada directamente al respecto.
Constante, Schmidt resaltó que su rol era el de traer a la conferencia las voces “de esas mujeres, de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos que en nuestra región tienen necesidades y urgencias importantes en lo social, en lo ambiental y en lo económico”, yendo a contra marcha de lo que realmente sucede en Chile, donde el Gobierno que la Ministra y Presidenta representa se ha empeñado en ignorar las necesidades y urgencias de su población. En un episodio confuso y ante la pregunta de una periodista chilena acerca de cómo trabajarían la relación entre derechos humanos, crisis climática y emergencia climática en la COP25, la viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica y artífice de la pre-COP puso el dedo en la llaga (o quizás intento apañar la situación), insistiendo en que:
“en LATAM estuvimos trabajando sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado instrumental para asegurar que las voces de todos son oídas. Esta implementación de lo que llamamos el Principio 10, pero también tiene todo un área de respeto por los defensores de los derechos humanos”.
Vale recordar que el Acuerdo de Escazú – el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – fue impulsado por el Gobierno chileno que actualmente se niega a firmarlo y ratificarlo.
Hacia el final de la conferencia y antes de la pregunta final, la Ministra y Presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, tomó el micrófono para hacer algunas aclaraciones, realizando un llamamiento a la sociedad civil para que participe de las negociaciones:
“Necesitamos la voz de los jóvenes, de los ciudadanos en las calles, ayudándonos y empujando para que se hagan cambios. Esto es parte de lo que necesitamos para realmente lograr esos cambios. Estas voces son importantes para lograr esas modificaciones. Tenemos que comprender que todos deben ser parte de la solución y que cuando las personas alzan sus voces las cosas comienzan a cambiar.”
¿Quieren o no que participe la sociedad civil en las negociaciones? ¿Es el mensaje simplemente un lavado de cara antes las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile? Si hubieran querido una real participación, ¿por qué no colaboraron con los viajes de todas aquellos organizaciones que hace más de un año se venían preparando y se quedaron afuera luego del cambio de sede?
Muchas preguntas y pocas respuestas.