Cuestionado internamente por cientos de ojos mutilados y más una veintena de muertes durante las protestas sociales en Chile, el gobierno que preside la COP25 tampoco apuesta por los derechos humanos en las negociaciones climáticas. Carolina Schmidt limita su rol al de “buscar consensos”, mientras las negociaciones por el Artículo 6 del Acuerdo de París omiten introducir los DDHH en la discusión.

El 18 de octubre se inició una ola de protestas sociales que dieron vuelta Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta ese momento. Partieron con un reclamo de estudiantes secundarios por el alza de pasajes de metro de Santiago, pero todo estalló en conjunto: pensiones de miseria, salud pública sin abasto, endeudamiento educacional y abandono continuo del Estado en las llamadas “zonas de sacrificio”.

Han pasado más de 50 días y las cifras del “estallido” impactan: El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos habla de 27 muertes, más de 350 ojos mutilados, 192 casos de violencia sexual y más de 400 casos de tortura en manos de la policía chilena. 

La precaria situación de derechos humanos en el país no dejó indiferente a los organismos internacionales. Amnistía Internacional, Humans Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la brutalidad con que ha actuado Carabineros desde el inicio de la revuelta.

Créditos: Nicolás Acuña.

Producto de las protestas, Chile no pudo albergar la COP25, pero se mantuvo en la presidencia de la Cumbre que se desarrolla en Madrid. Y ahí donde el país latinoamericano tampoco ha puesto énfasis en el tema. Las negociaciones por el Artículo 6 del Acuerdo de París, los llamados mercados de carbono, han dejado fuera el concepto de derechos humanos, clave para comunidades locales que pueden sufrir los impactos sociales, ambientales y culturales que provienen de la acción climática acordada entre los Estados.

El tema, que es de preocupación entre la sociedad civil y países menos desarrollados, no le quita el sueño a la presidencia chilena. “Chile, al asumir la presidencia tiene la obligación de alcanzar consensos”, dijo este lunes la presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, al ser consultada por los escasos avances en la materia durante la primera semana. Justamente hoy es la celebración internacional del día de los derechos humanos.

“Las decisiones al interior de la COP son por consenso de todos los países. Así que esa es nuestra obligación, lograr consenso en todas las normativas, entre las cuales está el Artículo 6 y así darle cumplimiento al Acuerdo de París. Ese es nuestro foco y objetivo”, agregó Schmidt.

Fuentes del propio equipo negociador chileno lo reconocen. La postura de la Presidencia es no interceder en los temas y cerrar acuerdos lo antes posible.

Erika Hier, de Center for International Environmental Law (CIEL), asegura que es “un mínimo” que todos los proyectos que se vayan a incluir en el nuevo mercado tengan “resguardos fuertes y robustos de derechos humanos. Este nuevo mecanismo, no puede violar los derechos humanos mientras promueve el desarrollo sostenible”.

“Es un mínimo que pueblos indígenas y comunidades locales participen, porque cuando están involucradas desde antes que el proyecto empiece, es más sostenible”, agrega. Para eso, cree que el Artículo 6 debe incorporar un mecanismo de revisión, que vaya más allá del texto, al que las comunidades puedan apelar en caso de que no se respete el espíritu del articulado.

Créditos: Nicolás Acuña.

Pero nada de eso está pasando. Tras más de una semana de negociaciones, los derechos humanos están lejos de ser incluidos en la discusión del Artículo 6, que continúa entrampado en temas como el doble conteo o el traspaso de los créditos del Protocolo Kyoto.

El borrador del último sábado ni siquiera menciona la palabra derechos humanos. Desde entonces, países como Suiza, México y Costa Rica han impulsado que vuelva, pero se han encontrado con la oposición sostenida de países árabes y de Brasil. De hecho, Ricardo Selles, ministro de Medio Ambiente del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tenido una participación activa en las negociaciones.

Y si bien el preámbulo del Acuerdo de París incluye tanto la referencia a la protección de derechos humanos como la promoción del desarrollo sostenible, algunos países han estado cuestionando -en la discusión de los mercados así como en la de género- el tema.

Erika Hier dice estar preocupada, pues la posición de la presidencia chilena es la de presionar para llegar a acuerdos rápido, algo que aumentará esta segunda semana cuando las discusiones pasen a un nivel ministerial. “Creo que es importante tener las reglas bien, porque si se hacen mal y a la rápida, impactarán en la integridad del propio Acuerdo de París. Es mejor tomarse el tiempo, hacerlas bien, a apurarse a un acuerdo que nos condene por 20 años”, asegura la experta, apostando a que la discusión continúe en la COP26 en Glasgow.

El último texto disponible, liberado el martes de madrugada, tampoco menciona el tema de derechos humanos, pero sí hace referencia a resguardos de protección ambiental y social. 

Para la última semana de la COP, la Presidencia chilena decidió darle a los ministros de Ambiente de Sudáfrica (Barbara Creecy) y Nueva Zelanda (James Shaw) la labor de ser cofacilitadores en la negociación del Artículo 6, con el fin de apoyarse en dichos países para destrabar los desacuerdos.

Alto Maipo y el fantasma del Mecanismo de Desarrollo Limpio

Los ríos Volcán, Yeso y Colorado desembocan desde la Cordillera de Los Andes en el río Maipo, fuente del agua potable para la Región Metropolitana. Hoy, más del 23% de los chilenos y chilenas se hidrata y vive de esas aguas.

La zona central de Chile sufre, desde hace 10 años, lo que los científicos han llamado una mega-sequía. Pero eso no ha detenido la construcción de Alto Maipo, un mega proyecto hidroeléctrico ubicado en las cercanías de la imponente cordillera de Los Andes, 50 kilómetros al sureste de Santiago. La iniciativa busca redirigir las tres principales fuentes del Maipo a través de túneles y turbinas bajo tierra para generar energía eléctrica.

Las aguas del Río Maipo fueron adquiridas por la empresa estadounidense AES Gener, amparada por el Código de Aguas instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, que establece la propiedad privada sobre el agua, como un bien que se puede transar en el mercado. La erradicación de este Código, así como garantizar el derecho al acceso al agua, es una de las demandas repetidas en las calles chilenas las últimas semanas.

Alto Maipo ha enfrentado años de oposición. En un principio, la sanitaria de capitales españoles, Aguas Andinas, principal distribuidora del agua potable en Santiago, era una opositora al proyecto, precisamente porque afectaría la disponibilidad del agua para la capital. Pero el grupo Luksic, uno de los más poderosos de Chile, dueño de bancos, mineras, forestales y el principal distribuidor de Shell en América Latina, entonces propietario del 40% del proyecto, ingresó con capitales a la propia Aguas Andinas y logró bajar esa oposición.

Aguas Andinas es filial de Suez, empresa española que es una de las patrocinadoras de la COP25 en Madrid.

Los años de sequía sin terminar la construcción del proyecto han afectado la proyección de energía generada de la hidroeléctrica. Pero no su objetivo. Desde la propia compañía han reconocido que gran parte de la energía irá a la Minera Los Pelambres, de propiedad del mismo grupo Luksic, quienes, eso sí, dejaron la propiedad de Alto Maipo hace unos años.

En junio de 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto energético Alto Maipo fue seleccionado dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Pero el fantasma del Mecanismo de Desarrollo Limpio -sistema de mercados introducido con el Protocolo de Kyoto- sigue vigente con los casos donde en nombre de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático, precisamente los más vulnerables sufrieron por las inversiones foráneas en sus territorios.

Alto Maipo no podido concretar la venta de bonos de carbono, pues aún no termina su construcción.

Este lunes en Madrid, el ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, agradeció la voluntad de AES Gener. La compañía aceptó el cierre de dos de sus centrales termoeléctricas a carbón en la “zona de sacrificio” de Quintero-Puchuncaví como parte del Plan de Descarbonización anunciado por el gobierno.

Mientras Jobet coordinaba con los periodistas la salida en vivo por la TV chilena con el anuncio, Marcela Mella pasaba por fuera del pabellón de Chile en IFEMA. Es la vocera de la coordinadora ciudadana No Alto Maipo y ve con indignación las negociaciones del Artículo 6. “Es inaceptable lo que están haciendo los Estados y Alto Maipo es un ejemplo, considerado de ‘desarrollo limpio’ mientras viola los derechos fundamentales da la comunidad del Cajón del Maipo. Esta negociación busca sacar de la discusión a los territorios, a las comunidades y a los ecosistemas”, asegura.

Créditos: Nina Cordero.

El reconocimiento del MDL a Alto Maipo, cree, es un lavado de imagen de la empresa, cuya matriz en Chile está basada en combustibles fósiles. “No se puede hipotecar la cuenca del río Maipo para la limpieza de la imagen que AES Gener quiere impulsar. Aquí tienen que entender que la hidroelectricidad no es limpia, Chile sufre de escasez hídrica y la generación hidroeléctrica debe salir de estas calificaciones. Alto Maipo es ejemplo de cómo corporaciones violan los derechos humanos de las comunidades”.

Esta información fue producida como parte del Programa Latinoamericano de Cobertura Periodística COP25.

Francisco Parra

About Francisco Parra

Periodista independiente de Chile. Trabaja como colaborador en distintos medios cubriendo medio ambiente y cambio climático. @frparrag en twitter.